En un futuro muy cercano, la participación ciudadana será uno de los temas centrales de la agenda política local de este país. Es un proceso imparable. El Consejo de Europa lleva recomendando su inclusión en las políticas publicas locales desde 1985, la Agenda 21 Local la exige en sus procesos, la Unión Europea la impone como requisito para programas como Urban o Urbact, la FEMP ha creado una comisión especifica para su promoción, redes como el Observatorio Internacional de Democracia Participativa están dejando atrás la fase primera de encuentro e intercambio de experiencias locales y empiezan a evaluar procesos y premiar buenas practicas y, si hablamos de realidades tangibles, la participación ciudadana es un hecho en el 80% de los municipios ingleses, en una mayoría de los alemanes y escandinavos, en muchos franceses, en bastantes catalanes y en un numero creciente de otras comunidades del Estado español.
Y en el País Vasco, ¿cómo estamos?
Pues un poco atrasados si lo comparamos con Europa o Catalunya, pero mejor de lo que creemos. Esta es, precisamente, una de las conclusiones del mapa de experiencias que vamos a presentar en la Jornada sobre Participación Ciudadana que celebra EUDEL el próximo 23 de mayo en Donostia. El problema es que son experiencias que no se conocen, a veces ni en los municipios vecinos, por la sencilla razón de que no existe una red de comunicación, conocimiento y aprendizaje al respecto, ni tampoco un paraguas institucional que impulse su difusión; no se han formalizado espacios de trabajo sobre participación ciudadana.
Parte Hartuz, en tanto que grupo universitario de investigación, formación y asesoramiento en la materia, pone todo lo que tiene para remediar ese déficit pero, obviamente, no puede, en modo alguno, ocupar el lugar que les corresponde a las instituciones locales.
Seguramente, para muchas personas la participación ciudadana es, básicamente, un mar de dudas. En buena lid, preguntarse qué aporta la participación ciudadana a la vida política y a la gestión de las políticas publicas locales es, además de razonable, una conducta necesaria y muy sensata.
¿Realmente merece la pena incluir mecanismos de participación ciudadana? Todos y todas sabemos que se pueden mejorar muchas cosas en nuestros Ayuntamientos, pero ¿no será peor el remedio que la enfermedad?
Intentaremos responder a esta pregunta. Indudablemente, la participación ciudadana tiene sus pegas: la precariedad financiera de las entidades locales dificulta seriamente el abordaje de las necesidades y demandas ciudadanas; la definición y dependencia interinstitucional en la formulacion de las políticas publicas locales opera en contra de la influencia; el actual funcionamiento burocratico, centrado mas en los procedimientos que en los resultados , carece de la flexibilidad y versatilidad necesarias para hacer frente a la formulación actual de los problemas sociales; la sectorialización o departamentalización administrativa no casa nada bien con la terca formulación integral o global de las cuestiones sociales; la escasa predisposición de la ciudadanía en general, unida a la pobre representatividad de algunas asociaciones ciudadanas, hace imprescindible, además de bastante creatividad, una actitud proactiva, dinamizadora, de los procesos y momentos participativos; existen sectores ciudadanos (juventud, tercera edad, población inmigrante) cuya implicación exige un esfuerzo especifico; etc.
Ahora bien, todas estas pegas pueden entenderse como escollos insalvables o bien como dificultades de proceso que tienen solución si sabemos instrumentar una metodología y unas medidas apropiadas. En el fondo, se trata de asumir la actitud y voluntad necesaria para afrontar esas dificultades. En este sentido, desde nuestro conocimiento a pie de tierra, lo único que podemos confirmar es que quien decide embarcarse en la participación no suele dar marcha atrás. Y no suele hacerlo porque la participación ciudadana es rentable en muchos sentidos y, quizás, un buen medio y mejor excusa para impulsar definitivamente la modernización administrativa y lo que llaman nueva gestión publica en su acepción o modalidad centrada en la ciudadanía, sin duda la mas operativa para afrontar con éxito los grandes retos y oportunidades que definen esta nueva era de los Gobiernos y administraciones locales.
En todo caso, el valor añadido de la participación ciudadana es concluyente:
Mejora la legitimidad política al aumentar la densidad y calidad de la democracia municipal; facilita la proximidad a la ciudadanía y sus preocupaciones; aborda los conflictos en su fase inicial facilitando su transformación positiva; favorece una formulacion coherente de la desconcentración y descentralización administrativa; contribuye a un funcionamiento administrativo mas integral, transversal y simplificado a la vez; mejora la eficacia de las políticas publicas gracias a la interlocución constante con la ciudadanía sobre sus productos finales; mejora la eficacia de la gestión al incorporar el conocimiento y el tiempo de personas ajenas a la administración municipal; reduce los costes del sostenimiento de esas políticas porque asegura la corresponsabilidad de sus beneficiarios; contribuye a identificar y asentar el principio de interés general y, con ello, resolver la imposible satisfacción de los normalmente irreconciliables intereses particulares; educa a la ciudadanía en las virtudes republicanas del compromiso y la corresponsabilidad; facilita la vertebración de un tejido social que no conoce hoy sus tiempos mejores; y un largo etcétera.
A ello, y para terminar, solo cabe añadir que la participación ciudadana es el mejor escenario para integrar definitivamente los desafíos de la sostenibilidad y la perspectiva de genero que nos resultan tan complejos y difíciles en la cotidianeidad de las políticas publicas locales. En definitiva, resumiendo, la participación ciudadana no es sino una excelente oportunidad para esa renovación y cambio a mejor que pretenden nuestras instituciones locales.
Rafael Ajangiz y Asier Blas en la revista Udala de la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL)
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