La habitual declaración institucional que el Gobierno Vasco hace pública cada año con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos -que se celebra hoy- tuvo ayer en ETA a uno de sus principales destinatarios. El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, dio lectura al texto en el que el Ejecutivo arremete contra la organización armada por negar el derecho a la vida de sus conciudadanos y en el que, asimismo, cuestiona la legitimidad de los discursos que la justifican. Al mismo tiempo, el Gobierno de Juan José Ibarretxe critica también el ajuste a la Declaración de los Derechos Humanos de las políticas del Estado en casos como el del macrosumario 18/98.
En primer lugar, el Ejecutivo vasco denuncia que tras la ruptura del alto el fuego permanente de ETA "comprobamos que siguen entre nosotros personas que niegan el derecho a la vida de todos sus conciudadanos" y añade que con sus últimas actuaciones "sangrientas" la organización terrorista "no sólo sigue provocando sufrimiento injusto, sino que niega de raíz la Declaración de los Derechos Humanos". "Cualquier discurso que pretenda explicar, justificar o defender la continuidad de la organización terrorista pierde toda legitimidad y credibilidad", afirma.
Por otra parte, continúa la declaración, los derechos humanos "de primera generación están heridos en su mismo corazón" en el llamado sumario 18/98, en referencia a las detenciones y encarcelamientos de los implicados en este proceso seguido contra el considerado aparato político de ETA, Ekin, y otras organizaciones del denominado entorno de la organización terrorista. En su opinión, la fase final de detenciones antes de la comunicación de la sentencia "no es más que el último capítulo dramático de un ejercicio injusto y abusivo del Estado".
Agrega en este sentido que "las garantías penales y procesales han cedido de tal manera que se están produciendo encarcelamientos injustos y desproporcionados" y afirma que "es anacrónico el mantenimiento en pleno siglo XXI de los delitos de opinión".
La declaración también denuncia una política penitenciaria que contempla la "inhumana e injusta" dispersión de presos que implica una pena añadida para el recluso y sus allegados. En el texto se alude a otros "ataques frontales al espíritu, letra y contenido" de los derechos humanos como la tortura que "se continúa produciendo en centros de detención". El consejero Azkarraga, en nombre del Gobierno Vasco, recalcó que "tampoco se pueden estrechar los espacios legítimos de las libertades de asociación, de prensa, ideológica y expresión mediante la aplicación de la vigente Ley de Partidos o de una normativa antiterrorista excesiva y desproporcionada en muchos aspectos".
autodeterminación Por otra parte, el documento hecho público ayer por el Ejecutivo también hace referencia a asuntos ajenos al conflicto armado y más próximos a la política pura y dura. Así, recuerda que en los pactos de 1966 que desarrollaron la Declaración Universal de Derechos Humanos "incluyeron el derecho de autodeterminación entre los primeros a ser objeto de consideración". Al respecto, el Gobierno Vasco defiende "la voz de la soberanía popular como último y más autorizado garante de construcción democrática".
En otro orden de cosas, la declaración institucional también hace referencia al "horror" del alto número de mujeres víctimas de malos tratos" o a las "execrables" muestras de rechazo xenófobo contra los extranjeros e inmigrantes. En cualquier caso, el Gobierno de Ibarretxe subraya que este balance "no debe desanimarnos" e indica que estas "transgresiones" son un "acicate" para reforzar "nuestra firme y comprometida apuesta por el programa de convivencia y construcción social" que impulsa "derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales".
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