domingo, 14 de marzo de 2010

Financiación municipal


Pello Urizar ha subrayado en Gasteiz la necesidad de aprobar la Ley Municipal para integrar definitivamente a los municipios en la red institucional y financiera del país y, a tal fin, se ha declarado a favor de modificar la Ley de Territorios Históricos. A continuación, la intervención del secretario general de EA ante los medios de comunicación:

Os hemos convocado para hablar de Ley Municipal en vísperas de que se presente el proyecto oficial, porque para Eusko Alkartasuna es un tema especialmente prioritario.

Ya en la legislatura pasada insistimos para que la aprobación de una Ley Municipal formara parte del programa de Gobierno. Hoy podemos asegurar que si no pudo aprobarse la Ley no fue por falta de impulso por parte de Eusko Alkartasuna, porque lo cierto es que lo intentamos hasta el último minuto.


Ahora, la Ley Municipal llega en uno de los momentos más delicados para los ayuntamientos, más concretamente para las arcas municipales. Porque es ahora cuando los ayuntamientos reciben menos dinero de las diputaciones, cuando notan la bajada en la recaudación de los impuestos y cuando tienen un mayor número de personas con dificultades económicas a las que ayudar a cubrir sus necesidades básicas.


Los municipios son las instituciones de base, las más cercanas a la ciudadanía y a las que corresponde dar respuesta a las necesidades más urgentes de las personas. Por ello, se presente lo que se presente y se apruebe lo que se apruebe, ya llegamos tarde. El Parlamento vasco ha esperado 31 años para concretar la cooperación institucional y profundizar en la autonomía y el nivel competencial municipal y eso es demasiado.


El reparto competencial no puede esperar más. Para Eusko Alkartasuna este reparto debe tener dos ejes: los ayuntamientos deben ser parte del entramado institucional en pie de igualdad, sin soportar tutelas que carecen de sentido, y las instituciones comunes deben marcar la dirección del país. Un país pequeño como el nuestro está obligado a racionalizar sus recursos y evitar duplicidades, especialmente en tiempos de crisis. Sólo así conseguiremos dar el mejor servicio posible a la ciudadanía y garantizar cotas cada vez más altas de bienestar.


Por otra parte, y como partido soberanista, debemos decir que la Ley Municipal, para Eusko Alkartasuna siempre unida a la Ley de Territorios Históricos, es un importante instrumento para un importante aspecto de la construcción nacional que es la conformación interna de nuestro entramado institucional.


No es posible avanzar en el proceso de construcción nacional si no somos capaces de modernizar nuestro entramado institucional dotándolo de mayor eficiencia y eficacia, corrigiendo las disfuncionalidades y consiguiendo una mayor cohesión y coherencia institucional.


El modelo de la LTH sigue propiciando niveles de desajuste, de despilfarro, de burocratización que limita la dirección política de las instituciones comunes, es decir, Gobierno y Parlamento Vascos.


Existen, efectivamente, disfunciones en una multiplicidad de materias que van desde la financiación municipal y la falta de un encaje suficiente de los Ayuntamientos en el sistema hasta sectores tan importantes como las infraestructuras, los servicios sociales, el urbanismo, el medio ambiente o el planeamiento económico. Duplicidades administrativas y de gasto público significan dispersión de esfuerzos y despilfarro de recursos.


Muchas veces, tenemos la impresión de que en lugar de tener instituciones que colaboran, tenemos instituciones que compiten entre ellas, con una total falta de visión unitaria imprescindible en un país pequeño en un mundo globalizado.


Por eso, comenzaremos diciendo que el proyecto que finalmente se va a aprobar tiene dos importantes limitaciones, la primera de las cuales tiene que ver precisamente con la LTH. No aceptamos la idea de que la aprobación de la Ley Municipal cierra definitivamente el proceso de configuración institucional, porque no aceptamos que la LTH sea intocable.


La segunda limitación viene de reconocer que cualquier texto que apruebe el Parlamento Vasco está necesariamente condicionado por el extenso desarrollo de la Ley de Bases de Régimen Local. Una forma más de ingerencia del Estado español en nuestro sistema institucional.


Así pues, tenemos una Ley que nace con dos limitaciones y un problema de estabilidad que llegará si no conseguimos que una Ley de tal magnitud esté blindada a cambios políticos coyunturales en las instituciones vascas. Si aprobamos una Ley que, por muy buena que sea, puede ser alterada por otras Leyes aprobadas en el propio Parlamento Vasco, tendremos un problema.


Y siguiendo con el Parlamento Vasco, advertimos que no vamos a permitir un vaciado competencial del mismo. No vamos a permitir que se intente relegarlo a nivel secundario a favor de instituciones locales y forales en los que es más factible establecer reinos de Taifas que respondan a intereses partidistas.


Entrando a una de las bases de la Ley, diremos que el mayor instrumento para salvaguardar la autonomía municipal es el principio de suficiencia financiera, porque los municipios difícilmente pueden asumir la prestación de servicios si no tienen recursos suficientes para poder asumir los mismos.


Porque existe el peligro de que ahoguemos a los ayuntamientos con competencias sin otorgarles los fondos para hacerles frente. Si los ayuntamientos asumen para sí todas las competencias que no estén asignadas expresamente a otra administración superior, tendrán que asumir una importante carga financiera, para la cual necesitarán la dotación económica correspondiente.


Sin embargo, también atendemos que el hecho de facultar o atribuir a las entidades locales la posibilidad de determinar libremente impuestos locales requiere un mayor nivel de reflexión y análisis para la determinación de los posibles efectos de la citada medida.


En cuanto a temas organizativos, tenemos que decir que impulsaremos todas las fórmulas de participación ciudadana. Es preciso que la futura Ley Municipal consigne entre sus presupuestos la necesidad de dotarse de instrumentos precisos para ello.


En resumen, abogamos por una Ley Municipal que integre definitivamente a los municipios en el sistema institucional y financiero del país mediante la participación en todos los foros de decisión y distribución financiera interna, incluido el Consejo Vasco de Finanzas; que otorgue a las instituciones comunes la capacidad para marcar el rumbo del país y que abra cauces eficaces para la participación ciudadana.