domingo, 13 de enero de 2008

"Si hay irregularidades en el caso de Portu habrá que proceder también contra quienes les han dado cobertura desde la política"


En un año que arranca con la previsión de ser muy activo en el plano judicial -ilegalización de ANV, 'caso Ibarretxe'...-, el consejero de Justicia confiesa haber tenido esta semana un 'déjà-vu', provocado por el posible maltrato al presunto miembro de ETA Igor Portu

Deia
Amaia Artetxe
Gasteiz.

No parece muy convencido con la versión oficial de lo ocurrido con Igor Portu.

Todos los datos que van saliendo apuntan a la existencia de actuaciones irregulares. Por lo tanto, con más fuerza que nunca, exijo que se clarifique lo que ocurrió, pero es cierto que tanto el PSOE como el PP son expertos no sólo en limitar los derechos y las libertades, sino también en tratar de ocultar las pruebas que puedan implicar a quienes actúan al margen de la ley. Tengo la impresión de que el ministro de Interior compareció cuando no tuvo más remedio. Y lo hizo, como suele ser habitual en los ministros de Interior de todos los gobiernos españoles que ha habido, para hacer suya la versión de la Guardia Civil, para no dejar ningún margen de duda, cuando lo lógico es que, al menos, se propicie desde el propio Ministerio de Interior una investigación en profundidad sobre lo ocurrido. Lo único que hace con esta forma de proceder es dar cobertura a presuntas irregularidades cometidas por funcionarios.

Y nada justifica la vulneración de derechos. La lucha antiterrorista debe atenerse siempre y en todo caso a pautas democráticas. Fuera de la democracia no hay más que bestialidad e inhumanidad. Por tanto, esto hay que investigarlo hasta sus últimas consecuencias y si ha habido irregularidades cometidas por funcionarios no sólo hay que proceder contra quien haya podido cometer esas irregularidades, sino contra quienes desde el ámbito político les han dado cobertura, entre ellos el ministro de Interior y el delegado del Gobierno en el País Vasco.

¿Que Rubalcaba haya ofrecido ya esa versión podría obstaculizar la investigación de los hechos?

Han sido pocas las denuncias de malos tratos que han prosperado, porque la colaboración policial y la del Ministerio de Interior ha sido siempre muy cicatera. Cuando hace muchos años se produjeron las torturas contra Tomás Linaza, la colaboración del ministro de Interior fue nula, lo que provocó que la propia jueza, Elisabeth Huerta, tuviera que pedir la comparecencia de cerca de ochenta guardias civiles. Espero que eso no ocurra ahora y que haya una colaboración precisa de Interior, dando cuenta al juez de quiénes han sido los guardias civiles que han participado en la detención de estas dos personas.

El presidente Zapatero les pidió a usted y a la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, prudencia.

Prudencia toda la que haga falta, porque las manifestaciones que hice inicialmente las hice desde la cautela. Pero pedirnos un cheque en blanco de credibilidad al Gobierno español... Ni uno. Cero. Ninguna credibilidad. Ni al Gobierno socialista en su conjunto ni al Ministerio de Interior. Que no nos pidan profesión de fe en lo que el Ministerio de Interior haya hecho. Mucho menos después de escuchar al ministro de Interior, y menos aún tras escuchar a un prohombre del socialismo español como José Bono, que animaba a que hubiera bajas, pero en el otro bando. Y a José Blanco, le diré que hasta ahora habíamos conocido avalanchas de nieve, pero no una avalancha de guardias civiles como desastre natural.

¿Dónde cree que está el origen de este tipo de situaciones?

Nos retrotraen a situaciones que diríamos pasadas. Ante la movilización que hubo hace quince días por el asesinato de dos guardias civiles y el rechazo y desprecio por parte de una sociedad en su conjunto, nos encontramos quince o veinte días después con unas detenciones y una posible práctica irregular que vuelve a movilizar a esa sociedad contra este tipo de actuaciones. Es una especie de noria que sigue dando vueltas y en la que es difícil buscar una salida definitiva. Hace veintitantos años se produjo el asesinato del ingeniero de la central de Lemoiz José María Ryan, que movilizó a miles de ciudadanos en nuestro país y una semana después se produjo el asesinato de José Arregi en una comisaría de Madrid, víctima de torturas, que volvió a sacar a la calle a miles de personas, a una parte importante de las mismas que habían salido a la calle la semana anterior. Ésta es la situación que teníamos hace veintitantos años y la situación que nuevamente se reproduce hoy.

¿Existen garantías en el sistema para evitarlas?

El problema es ése, que no existen garantías. Si mínimamente existieran las garantías que tenemos en el ámbito de la CAV por parte de la Ertzaintza, no estaríamos ante un problema como éste. No existen garantías cuando hay una ley antiterrorista que avala la incomunicación de los detenidos, con lo cual se producen espacios de opacidad que pueden dar lugar a situaciones de estas características. Si hubieran hecho lo que el Gobierno vasco, que ha colocado unas cámaras en los centros de detención que graban todo el periodo de detención aunque la persona esté bajo la aplicación de la incomunicación porque la ley antiterrorista así lo plantea, esa opacidad no existiría. Sin ello, las garantías no existen. Incluso se pueden producir situaciones en las que no ha habido ni malos tratos ni torturas que se denuncian, pero como no hay capacidad para conocer lo que ha ocurrido durante el tiempo de la incomunicación, es muy difícil pronunciarse.

¿En ese sentido, la solución sería eliminar la incomunicación?

Sí. Nosotros llevamos muchos años, desde el ámbito del Gobierno vasco pero también desde mi partido, EA, reivindicando la derogación de la ley antiterrorista. No la derogación completa de esta ley, pero sí de la incomunicación, de la prolongación del espacio de la detención... De elementos que desde el punto de vista de la defensa de los derechos y las libertades merman esos derechos y libertades con una aplicación así. La derogación es algo absolutamente lógico y exigible, sobre todo cuando se pueden producir situaciones de estas características.

¿Es consciente de que esto que dice le volverá a acarrear críticas, que argumentarán equidistancia o equiparación de víctimas y verdugos?

Es posible. Quien actúe con una visión muy simplista de la situación pensará que sólo tenemos que elevar la voz cuando ETA actúa o asesina -cosa que hacemos con mucha rotundidad-, pero que no hay que elevarla cuando se produce otra merma de derechos y libertades. Eso es intentar que los derechos humanos sean sólo aquellos que nos interesa defender. Y no lo vamos a hacer. Pese al linchamiento que muchas veces sufrimos, fundamentalmente por parte del Gobierno español y algunos partidos estatales, seguiremos defendiendo el mismo criterio contra ETA con mucha rotundidad, pero también contra cualquier merma de derechos en otros ámbitos. Y eso no es equidistancia. Los derechos humanos son un todo. No son sólo una parte, que es aquella que interesa a los partidos de ámbito estatal o al Gobierno español.

¿Cree que la izquierda abertzale utilizará políticamente este caso?

Posiblemente, pero quien crea víctimas en este tema no somos quienes exigimos una investigación en profundidad. Quien ha creado las víctimas es quien ha podido actuar de manera ilegal en una detención o en un interrogatorio. Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Y con relación a la denominada izquierda abertzale, carece de cualquier legitimidad, incluso para usar como arma política lo que ha ocurrido mientras sigan mirando para otro lado cuando hace todavía quince días se asesinaba a dos guardias civiles en Capbreton. Quienes tenemos legitimidad para exigir que se investigue hasta el final somos los que de manera continuada exigimos el fin del terrorismo y la violencia y quienes condenamos los atentados. Y no la tienen quienes se preocupan por este tipo de cosas pero miran a otro lado cuando ETA atenta contra personas y bienes de este país.

Uno de los síntomas de la vuelta a situaciones pasadas que mencionaba es el retorno de la violencia de ETA. A juzgar por los atentados contra los juzgados de Getxo y Sestao, la justicia parece uno de sus objetivos prioritarios. ¿Cómo interpreta esta ofensiva?

No soy tan optimista como algunos, que dicen ETA que está derrotada, que está dando sus últimos coletazos... Lo llevamos oyendo muchos años y ETA ha seguido matando y atentando, porque, además y desgraciadamente, matar y atentar es fácil. Creo que vamos a pasar momentos muy duros. ETA ha anunciado que tiene todos los frentes abiertos y eso quiere decir que nos vamos a encontrar con un aumento de ese tipo de actuaciones en las que sí que la justicia está siendo objetivo por parte de ETA, pero lo pueden ser los periodistas, los partidos políticos, o cualquier ciudadano que manifiesta con rotundidad su rechazo y su hartazgo contra la violencia. No cabría hacer distinciones sobre quiénes pueden ser más víctimas o menos víctimas de ETA. Las víctimas de ETA son el conjunto de la sociedad vasca. Y es el propio conjunto de la sociedad vasca quien se tiene que oponer a ese tipo de violencia.

No condenar los atentados de ETA es, precisamente, uno de los argumentos para pedir la ilegalización de ANV. ¿Es suficiente motivo?

He dicho muchas veces que la no condena no es delito. Puede ser cobardía o una estrategia absolutamente equivocada y rechazable, pero no es delito. Dicho esto, debo añadir dos cosas.

¿Cuáles?

Primero, que todo apunta a que se va a abrir un nuevo proceso de ilegalización de un partido político que nosotros rechazamos. Mucho me temo que se va a producir esa ilegalización en función de los mismos intereses partidistas que se tuvieron en cuenta a la hora de la presencia o no de esta misma formación política en las elecciones municipales y forales. Allí donde partidistamente puede interesar al Partido Socialista se ilegaliza y allí donde no, no se ilegaliza. Tengo la impresión de que la presión del PP va a obligar al PSOE, al Gobierno español y a la Fiscalía General a hacerlo, pero por razones partidistas, estrictamente de caladero de votos, y no porque la no condena suponga motivo de ilegalización.

¿Y segundo?

En segundo lugar y mirando a ANV, ya está bien de que toda la responsabilidad de lo que a ellos les pase sea de los demás: del Gobierno español, del Gobierno vasco o de los partidos políticos de ámbito vasco. No. De lo que les pasa tienen una gran parte de responsabilidad ellos mismos. Es un tremendo error que unas siglas como ANV, que participaron en un gobierno histórico, como fue el presidido por el lehendakari José Antonio Aguirre y que tiene una trayectoria política importante, estén prácticamente atadas de pies y manos en esa estrategia. ANV ha renunciado a su autonomía política y la izquierda abertzale ya ni se acuerda de que su propuesta de Anoeta apostaba por las vías políticas y democráticas.

En esa vuelta al pasado y ese futuro oscuro que se dibuja, ¿la propuesta del lehendakari es un rayo de luz?

Es una apuesta política, fundamentalmente, y diría que una puerta a la esperanza. Este año 2008 tiene que ser el año de la consulta. La sociedad vasca tiene que tener la posibilidad de pronunciarse ante aquello que le afecta de manera directa. Es el momento de la política. Y cuando digo que es el momento de la política digo que no es el momento de la criminalización ni la persecución de las ideas, ni de las ilegalizaciones de más partidos políticos, ni de los procesos contra el lehendakari y los dirigentes del PSE por hablar con todos para buscar soluciones de paz. Eso hay que desterrarlo de una vez por todas y que 2008 sea el año el debate político, de la confrontación de las ideas políticas y de la solución política.

¿Habrá voluntad para que lo sea?

Yo siempre estoy instalado en el sí, en los aspectos positivos. Pensar que al Gobierno español que salga tras las elecciones de marzo le puede interesar mantener esta situación de falta de soluciones... No me instalaría en esa situación. Quien salga elegido tendrá que reflexionar y pensar seriamente que la única solución es hablar, dialogar y, sobre todo, llegar a acuerdos. Ésa es la mano tendida que ha realizado el lehendakari en nombre del Gobierno vasco y que hacemos los partidos políticos que estamos en este Gobierno. Y no veo otro escenario. Tengo la seguridad de que el 25 de octubre habrá consulta.

¿Con quién ve más fácil el acuerdo, con el PSOE o con el PP?

Voy a ser muy claro: me da igual. Llega un momento en el que, entre el original y la copia, no me quedo con ninguno de los dos. Tenemos un PSOE que ha hecho la misma política que el PP, que no ha realizado en los cuatro años de gobierno ningún cambio en todas las leyes limitadoras de derechos o en el autogobierno que desarrolló Aznar. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Una apuesta por un proceso de paz que no se ha desarrollado, por culpa de ETA, fundamentalmente, que ha roto la tregua, pero también por una responsabilidad del Gobierno socialista que no se ha creído nunca esa apuesta por la paz e incluso se ha jactado de hacer menos que el PP? Me da igual uno que otro, porque la actitud del PSOE desde mi punto de vista personal ha sido decepcionante.

En cualquier caso, será mucho más fácil llegar a acuerdos si necesitan apoyos para gobernar.

El único aspecto positivo de todo lo que estamos viviendo antes de las elecciones generales es que no va a haber ningún partido político que tenga una mayoría para gobernar por si solo. Y eso es clave. La historia nos demuestra que cuando se ha conseguido alcanzar o se ha conseguido que se respete una ley como es el Estatuto de Gernika se ha hecho siempre por las minorías que han tenido los gobiernos en Madrid.

reflexiones

"Se ilegalizará a ANV por el mismo interés partidista que se tuvo en cuenta en las forales y municipales"

"2008 tiene que ser el año de la consulta. La sociedad vasca debe tener la oportunidad de pronunciarse"