BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de once personas, entre las que se encuentran profesores de la UPV/EHU, abogados o miembros de Lokarri, han convocado una nueva manifestación para el próximo 2 de octubre con el fin de denunciar "la prohibición de manifestaciones" -como las dos marchas del pasado día 11 en Bilbao, prohibidas por la Audiencia Nacional-, para reclamar los derechos humanos, civiles y políticos" y movilizarse en contra de "ninguna imposición ni ninguna violencia".
La marcha saldrá a las cinco de la tarde de la Plaza Aita Donosti y finalizará en el Ayuntamiento de la capital vizcaína. Los convocantes se pondrán en contacto con partidos, sindicatos y partidos para explicarles el objetivo de la movilización y conseguir su adhesión.
En concreto, la marcha se desarrollará bajo los lemas "No a la prohibición de manifestaciones", "Ninguna imposición, ninguna violencia" y "Sí a los derechos humanos, civiles y políticos". Sus convocantes han indicado que no es una "continuidad" de las manifestaciones prohibidas, sino una "crítica seria de la sociedad civil" porque el sistema político y judicial "no está en condiciones de respetar derechos civiles y políticas", "Es una protesta rotunda y nueva", han añadido.
Entre los convocantes, que formalizarán este mismo miércoles la convocatoria, figuran la ex presidenta de Emakunde, Txaro Arteaga, el ex decano del Colegio de Abogados de Bizkaia, Gabriel Mariscal, el abogado Félix Cañada, los profesores de la UPV Ramón Zallo y Alfonso Dubois, y el catedrático de esta universidad, ya jubilado, Pedro Ibarra.
También figuran el coordinador de la Red Ciudadana por el Acuerdo y la Consulta, Lokarri, Paul Ríos, la representante también de este último colectivo, Maixux Rekalde, el saderdote Natxo Isuskiza, José Luis Longarte, ligado también al ámbito de la iglesia pastoral obrera y Carmen Moreno, una mujer implicada en distintas iniciativas sociales, sindicales y de igualdad.
En la rueda de prensa, se han presentado como un "grupo de personas preocupadas por las recientes prohibiciones de manifestaciones" y se han definido como un "'pull' de ciudadanos molestos"
En su comparecencia, han manifestado que ninguno de los convocantes pertencen a la izquierda abertzale y "ninguno seguimos intrucciones de ETA, ni por asomo". Ademas, han señalado que tampoco tienen "nada que ver" con Adierazi EH, la plataforma que convocó la primera marcha. En todo caso, han indicado que, en la marcha, "caben todos" y se dirigen a todo el mundo, incluidos, también, por lo tanto, los integrantes de esa plataforma.
En este sentido, han hecho un llamamiento a toda la sociedad vasca, más allá de sus opciones ideológicas u opiniones políticas, a secundar esta marcha "por los derechos que corresponden a todos los ciudadanos.
OBJETIVOS DEMOCRÁTICOS
En la comparecencia, el abogado Félix Cañada ha asegurado que las prohibiciones de las dos anteriores manifestaciones, cuyos objetivos eran "sanos y democráticos", se han fundado en una "práctica inadecuada" y en una aplicación "desacertada" de las normas jurídicas. En concreto, ha calificado el primero de los autos judiciales como "impresentable".
Cañada ha indicado que las resoluciones judiciales adoptadas se basan en informes policiales en los que se hace una lectura "sesgada" de la realidad. En este sentido, ha señalado que esos informes no se han ajustado a lo que "obliga" a los funcionarios policiales el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en referencia a la necesidad de "objetividad e imparcialidad".
A su juicio, las resoluciones se han basado en unos informes "sesgados", en los que, en base a unos indicios, se ha hecho una lectura que iba encaminada a "dar una versión criminalizadora". Además, cree que las sentencias se fundamentan en una filosofía "cada vez más frecuente", que es "el derecho penal del enemigo", y considera que, en esta línea, puede ir también la reforma de la Ley Electoral.
"Yo, como ciudadano, y hablo en mi propio nombre, creo que no debemos soportar que las policías que no tienen que cuidar y defender nuestros derechos actúen de esa manera, tienen que ser objetivos e imparciales", ha añadido Cañada, que cree que la sociedad debe reaccionar ante "estos comportamientos que pueden ser y son, en ocasiones, excesivos por parte de los poderes públicos".
Cañada considera que se está haciendo una aplicación del Código Penal que es "excesiva" y ha indicado que, ante esta situación, la sociedad civil debe reaccionar y defender los derechos políticos y civiles "en el día a día" para poder construir una democracia en paz y por las vías políticas.
El abogado ha añadido que las resoluciones judiciales que prohibieron las marchas "cercenaron derechos", ya que se hizo "caso omiso" al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que, en su opinión, el juez debió dar audiencia a los convocantes de la marcha.
A su juicio, un magistrado que "resuelve como resolvió" no parece que ha leído la sentencia de Egunkaria, donde los informes que se utilizaron eran del "mismo cariz y fueron desautorizados".
En este sentido, ha rechazado que se haya interpretado que esas manifestaciones se convocan siguiendo instrucciones de ETA y se hablara de que, quienes apoyaban la inicitiva eran "un sucedáneo" de Batasuna. A su juicio, se trata de una interpretación "absolutamente desacertada" y cabían otras lecturas "muchos más normales".
"Viendo que la gente estaba apoyando aquello, no se puede decir, salvo que se quiere no ajustarse a la verdad y la realidad, que aquello se estaba haciendo siguiendo instrucciones de ETA y que aquello era un sucedáneo de Batasuna", ha añadido.
Cañada ha señalado que el objetivo que buscan es "decir no a las prohibiciones de manifestaciones" porque, en un momento "muy importante y delicado en este país", no se puede "impedir" que las personas se manifiesten a favor de los derechos humanos civiles y políticos y, además, incluyendo en primera fila, el derecho a la vida y a la libertad".
A su juicio, eso es un "despróposito" y, por ello, creen que, como sociedad civil, tienen que "reaccionar" y poner su "grano de arena" para que se puedan ejercitar los derechos civiles y políticos.
El letrado, que cree que hubiera sido "inútil" recurrir los resoluciones judiciales de prohibición, ha defendido que la convivencia política y cívica transite "sin violencia, sin imposición" y bajo el respeto de los derechos civiles y políticos "de todos".
"ESTADO DE EXCEPCIÓN"
El profesor de la UPV Ramón Zallo ha señalado que, si se "cercenan", también en esta ocasión, los derechos civiles y políticos, "estaremos sumidos en un Estado de excepción permanente" y, por tanto, se estaría en un "Estado autoritario". "Esperemos que no llegue la cosa hasta ahí, porque, en ese caso, habrá quebrado el Estado de Derecho", ha añadido.
Por su parte, el coordinador de Lokarri, Paul Ríos, ha afirmado que no hay razones para prohibir esta nueva manifestación y se ha preguntado si se va considerar "fraude de ley" que cualquier persona se "junte" y decida convocar una manifestación. Asimismo, ha señalado que, tanto él como Maixux Rekalde, están en la convocatoria como "ciudadanos individuales" porque cree que hay un "buen motivo" para sumarse a esta iniciativa.
